Las personas que hacemos parte de uno o más territorios tenemos la oportunidad de reconocer lo valioso que puede ser dicho territorio, lo que nos rodea, lo que es esencial para nuestro desarrollo. Al mismo tiempo que tenemos la capacidad de identificar cuáles son las prioridades comunitarias que deben atenderse, fortalecerse y en otros casos construirse para acercarse a una vida con dignidad.
De alguna manera las personas participamos a través de las escuelas, las colonias, las alcaldías, los municipios y estados, pagando impuestos, ejerciendo el derecho al voto, entre otros. Sin embargo, bajo la firme convicción de que la participación no es limitativa a estas anteriores, apostamos porque la participación se ejerza y trascienda con quienes toman decisiones, también en el ámbito legislativo.
Es urgente repensar ¿cómo hacer política?, ¿quiénes pueden ser parte de ese ejercicio?, ¿cuáles son los mecanismos para garantizar que todas las personas además de las y los legisladores participen de ese ejercicio?, ¿cuál es la relevancia de asegurar que todos los sectores estén en diálogo permanente con las y los legisladores?, ¿cómo rendimos cuentas no solamente a quienes votaron por un cargo, sino también a quienes no, porque un@ no legisla para un porcentaje únicamente, se entiende que se legisla para todas y todos.
Pareciera que estas preguntas pueden poner en tensión la relación entre gobierno y ciudadanía, incluso se asume que deben estar en una tensión negativa. Sin embargo, desde nuestro trabajo creemos que esta relación puede transformarse, puede ser una relación co-constructiva, deliberativa, crítica, reflexiva, cuestionadora, no sobre las personas, sino sobre el quehacer y el contenido de propuestas y trabajo, porque el beneficio es colectivo. Creemos que se pueden construir relaciones basadas en la confianza para trabajar y tener como resultado una democracia local participativa, festejando los aciertos, pero también reconociendo los desaciertos y cómo pueden mejorarse entre todas y todos para futuras ocasiones.
La oportunidad que representa este periodo de sesiones, es una oportunidad para replantear justamente esa relación con la ciudadanía, con ejercicios de diálogo y trabajo territorial, con propuestas que estén con una base sólida para que puedan ser sostenidas en el tiempo no sólamente por las y los legisladores, pero también por la ciudadanía.
Por ello, el periodo de sesiones es una oportunidad más para caminar hacia la oferta de soluciones estructurales, mismas que requieren de una participación además del gobierno, de otros sectores, como la academia, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Ahí está la clave para poder acercarnos a un éxito más real y tangible, adecuado al contexto territorial de cada estado de nuestro país.
Si reconocemos la existencia de grupos que históricamente han sido discriminados, si promovemos la agencia y voz de las mujeres en el ámbito público y político, si invertimos en la construcción de mecanismos de participación y si nos preocupamos para destinar e invertir recursos en el ámbito local, entonces podremos acercarnos a un desarrollo liderado por las comunidades, como una contribución sustancial al desarrollo local en donde todas las partes asumen un rol para responder a las problemáticas comunitarias y locales.
Por ello, exhortamos a las y los legisladores en este periodo de sesiones, que la apuesta por transformar el país esté centrado en una apuesta local, en donde las comunidades y las personas sean partícipes de la toma de decisiones, pues al final, el bienestar común, nos conviene a todas y todos.