La Agenda 2030 es un importante esfuerzo internacional para crear un instrumento “para la gobernanza global, regional, nacional y local de los procesos de desarrollo” que contenga diferentes dimensiones de lo que se considera desarrollo: social, económica y medioambiental y buen gobierno. Fue adoptada por las Naciones Unidas en 2015 y los países miembros se comprometieron desde ese momento al cumplimiento e implementación de la Agenda y sus objetivos. Bajo este marco, en México se ha aplicado un esquema de gobernanza interna que ha permitido dar seguimiento, por ejemplo a partir de la creación de diversos Comités y Consejos.
El seguimiento a la Agenda 2030 desde Naciones Unidas se da a través de Informes Nacionales Voluntarios (INV) ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Este año, México presentó su tercer y último informe. Ante esta situación surgió el interés desde Sociedad Civil de generar un informe propio sobre “los resultados, los obstáculos y retos de la actual administración y de las propias Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en torno a la Agenda” (Informe Luz, 2021) con su visión particular. Este fue denominado Informe Luz de las Organizaciones de las Sociedad Civil Mexicanas – 2021.
The Hunger Project México está comprometido con el seguimiento e implementación de la Agenda 2030 en México. Por ello, co-lideramos el proceso de consulta hecho a 18 OSC, con la intención de recabar insumos que permitieran la elaboración de este Informe Luz. Este trabajo, compartido con Equipo Pueblo, nos permitió desarrollar un documento que cuenta con 12 apartados, de los cuales resaltamos lo siguiente.
Sobre la Estrategia Nacional para cumplir con la Agenda 2030 resalta que las OSC participantes no visualizan una transversalización en el Plan Nacional de Desarrollo. La Sociedad Civil identifica que la Estrategia Nacional de México sobre la Agenda no ha sido implementada y señalan que no es una prioridad para esta Administración. Asimismo, el modelo de desarrollo nacional no ha cambiado y se mantienen las políticas sectorizadas.
La mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en la creación del informe tienen una opinión poco favorable sobre la instrumentación de la Agenda, debido a la falta de información y transparencia por parte de las autoridades responsables del tema. Eso conlleva a que no sea sencillo identificar los programas, proyectos o políticas que se están implementando. Tampoco se identifica un mecanismo para la rendición de cuentas, con los existentes siendo ineficientes e insuficientes. De esta forma se dificulta analizar otras situaciones más allá del discurso, como por ejemplo la inclusión de personas en condiciones de vulnerabilidad y exclusión o el cumplimiento de los principios de “No dejar a nadie atrás” y “Respeto a los límites del planeta”.
Dentro del informe se hace una valoración de los procesos, medidas y aportes del poder legislativo en México. En el Informe aparecen menciones al trabajo que han realizado relacionado a Agenda 2030, siendo lo más relevante el establecimiento de Grupos de Trabajo para dar seguimiento a la implementación de la Agenda y las dos iniciativas de reforma o creación de ley, una siendo la “Propuesta de Creación, organización y funcionamiento del Consejo Nacional, Económico, Social y Ambiental que participaría en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030 y que haría recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo que les permitan implementar políticas públicas o medidas legales que generen condiciones más dignas para la población y la otra la Reforma de los artículos 78, 79 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de establecer que las iniciativas, dictámenes y proposiciones deberán señalar la relación o vínculo que tengan con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030” (Informe Luz, 2021). Ambas Iniciativas se encuentran paradas actualmente. Si bien se reconoce el trabajo, también se identifican las necesidades de modificar o crear leyes que hagan del cumplimiento de la Agenda un tema transversal y la creación de comisiones para legislar con el enfoque de desarrollo sostenible a nivel local.
Finalmente, a partir de su trabajo en campo y la experiencia en el seguimiento a Agenda 2030, las OSC que participaron en el Informe identificaron retos e hicieron recomendaciones con miras a una implementación más adecuada. Las recomendaciones son hechas a diferentes instancias y a continuación están algunas de las más relevantes. A los poderes ejecutivos federales y locales se les recomienda, entre otras cosas, revisar estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para evaluar armonización con los ODS, revertir la valoración negativa hacia el trabajo de la Sociedad Civil y comprometerse con acciones que tengan una perspectiva de género. A los poderes legislativos federales y locales se les exhorta a asignar recursos suficientes y apropiados y reformar la ley para establecer un diseño institucional que dé paso a la implementación de los ODS. Otras instancias como el Consejo Nacional para la Agenda 2030 o mecanismos de participación e incidencia de las OSC, reciben recomendaciones cómo incluir a la Sociedad Civil en la toma de decisiones o fortalecer mecanismos de participación locales respectivamente.
A partir de la mayoría de las recomendaciones, del Informe Luz sale un claro mensaje. Los espacios de participación deben ser ampliados y diferentes sectores de la población deben ser realmente tomados en cuenta. Esto es principalmente a partir de que se ha identificado que las instancias formales de participación existentes al momento no tienen un verdadero interés en espacios de diálogo continuo. Se debe reconocer a las Organizaciones de la Sociedad Civil y el trabajo que realizan para a partir de ello lograr una verdadera incidencia en temas de la Agenda. Como se esbozó anteriormente, se debe mejorar la transparencia y la obtención de información real y en tiempo.
Por último, las OSC reconocen algunos retos internos en los cuales deben trabajar como lo son el involucrar actores internacionales e involucrarse más a nivel local dentro del país. Además identifican que deben contribuir a sensibilizar a la población sobre la Agenda 2030 para que hagan uso de ella.