La creación, implementación y mejora de instrumentos que garanticen el derecho a una alimentación adecuada, así como recuperar la soberanía alimentaria y nutricional de México, es la función del capítulo mexicano del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPCH). Por lo tanto, este es un aliado importante para The Hunger Project México hacia el ejercicio del derecho a la alimentación, al ser un espacio para crear sinergias entre organizaciones, gobiernos y otros actores, rumbo a la implementación de políticas.
Un poco de historia.
En México, el FPCH se constituyó el 7 de diciembre de 2011. Contó con la participación de legisladores y legisladoras de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y estuvo acompañado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al igual que por personas funcionarias del gobierno federal, personas expertas, académicas y de integrantes de organizaciones de la sociedad civil. De manera concreta, el FPCH busca luchar contra el hambre y todas las formas de malnutrición desde la esfera legislativa, así como generar las condiciones para la realización efectiva del derecho a la alimentación. Dichas condiciones son multidimensionales e incluyen la promoción de la agricultura sostenible, los sistemas alimentarios locales y el combate al cambio climático, por mencionar algunos.
A pesar de ser creado en 2011, le anteceden diversos momentos que han contribuido a su existencia y sus objetivos. En 1991, diversas organizaciones urbanas y campesinas, preocupadas por los cambios en la política agroalimentaria del país, acordaron formar el Frente por el Derecho a la Alimentación (FDA), que se enfocó en defender las acciones públicas a favor de la alimentación y de reconocerla como un derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 16 de octubre de 1992, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, el FDA presentó por escrito la petición a la Cámara de Diputados para que ese reconocimiento constitucional ocurriera. La petición dio paso a la realización de foros regionales en el país, que culminaron con la presentación, en 1994, de la iniciativa para reformar la constitución en la que se reconociera de forma expresa el derecho a la alimentación, lo que finalmente ocurrió hasta 2011.
El Frente Parlamentario en México es la expresión nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), que es una red plural y voluntaria, integrada por más de 400 legisladores de diferentes partidos políticos que trabajan colaborativamente desde 21 congresos nacionales y cuatro parlamentos regionales. El FPH-ALC nació en 2009 con el objetivo de responder al compromiso de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025. Desde entonces, cuenta con el apoyo de la FAO y la Cooperación Española, así como con el de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” (Frente Parlamentario contra el Hambre: Capítulo México, 2012).
En México, el Frente ha impulsado las siguientes iniciativas: la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, la Iniciativa con Proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación y la soberanía alimentaria, la Modificación de la Ley General de Desarrollo Social para reconocer el derecho a una alimentación nutritiva, Ley que aprueba la modificación de la ley general de salud en materia de etiquetado de alimentos de México y el Proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional.
Reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre en 2021.
Recientemente, el 29 de septiembre del 2021, se dio la reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2021-2024. A la fecha el FPCH capítulo México ha impulsado múltiples acciones legislativas vinculadas a la transformación de los sistemas alimentarios para hacerlos más saludables, inclusivos y sostenibles.
Dentro de las actividades del Frente, en conjunto con diversas aliadas y aliados en la lucha contra el hambre -como THP-México-, se llevaron a cabo dos eventos que resultan relevantes dialogar respecto a cómo combatir el hambre. El primero fue el foro “Los Derechos Humanos al agua y saneamiento y los Derechos interdependientes en la nueva Ley General del Agua”, el 18 de noviembre, y el segundo fue el Foro “Hacia la Ley General de Alimentación Adecuada”, realizado el 24 de noviembre.
En el primer evento “Los derechos humanos al agua y saneamiento, y los derechos interdependientes en la nueva Ley General de Aguas”, expertos y representantes políticos dialogaron sobre los objetivos y necesidades de una nueva ordenanza legal para regular el agua en México.
Se resaltó durante el evento que una de las principales metas de una nueva ley sería revertir el enfoque económico que considera a este recurso como un objeto mercantil, lo que genera que sea aprovechado solo por un sector reducido. Esto se debe a que en México, el 1.1 por ciento de todos los usuarios de este servicio, aprovechan más de una quinta parte del agua, a través de concesionarios; mientras que 25 millones de mexicanos solo tienen acceso a ella dos veces a la semana.
La materialización de esta regulación es urgente ante las crisis de este recurso que enfrenta el país y que existe la necesidad de juntar esfuerzos para combatir esta situación. De no ser así, garantizar el derecho humano al agua no es posible. Finalmente, se reconoció que México tiene potencial e influencia internacional importante en el continente americano. Debido a ello se tiene un compromiso de desarrollar una legislación que sea un ejemplo a seguir en la materia, incluyendo un enfoque de derechos humanos (Senado de México, 2021).
El foro “Hacia la Ley General de Alimentación Adecuada” retomó el derecho a la alimentación como un componente fundamental para el bienestar y la salud del pueblo mexicano; a partir de lo anterior y con la intención de platicar sobre cómo modificar la legislación se dio un diálogo con la participación de autoridades y expertos en temas de salud y alimentación con representantes de la de OPS/OMS, CENAPRECE, INSP, FAO, UNICEF, así como diversas organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria, El Poder del Consumidor y The Hunger Project México, por mencionar algunos.
Algunos de los aportes más relevantes fueron sobre la urgencia de contar con una Ley General de Alimentación Adecuada. Se destacó como la crisis sanitaria actual ha llevado a situaciones económicas y sociales que han acrecentado la inseguridad alimentaria entre las poblaciones vulnerables, sobre todo en las que destinan una gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos. Se hizo hincapié también en el hambre como un problema multifactorial, al que se suma la ausencia de un ordenamiento legal que permita generar un cambio de sistema alimentario con enfoque de derechos; y en resaltar que el modelo de producción actual es insostenible y debe ser superado.
Con respecto a la ley, consideraron los participantes que permitirá el análisis de las diversas iniciativas que tienen por objeto regular el derecho a la alimentación, y que, de aprobarse el proyecto, estaremos en mejores condiciones para reducir el hambre y avanzar a su eliminación definitiva. Se destacó la manera en que mejorará la nutrición y salud de la población, reducirá los impactos ambientales del sistema alimentario y garantizará la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada para las y los mexicanos.
Por último, fue muy evidente la coincidencia entre quienes asistieron, sobre la necesidad de alcanzar una definición precisa del alcance y contenido de las obligaciones del Estado, y que eso siente las bases jurídicas para la legislación subsidiaria en materia de alimentación. Esto a partir del establecimiento de sectores a regular, funciones y responsabilidades de actores, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, disposiciones presupuestarias y su monitorización (Senado de México, 2021).
Desde THP-México, seguiremos contribuyendo y daremos seguimientos a estos procesos, pues sin soberanía alimentaria y la garantía del derecho a la alimentación cubierta, no podremos alcanzar nuestras metas institucionales hacia el 2030: un México rural e indígena libre de hambre y pobreza extrema, con buena gobernanza.
Fuentes:
Senado de México (2021). “Impulsan en el Senado expedir Ley General de Aguas”. Disponible en: http://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/1228-impulsan-en-el-senado-expedir-ley-general-de-aguas
Senado de México (2021). “Plantean desde el Senado expedir Ley General de Alimentación Adecuada”. Disponible en: https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/1277-plantean-desde-el-senado-expedir-ley-general-de-alimentacion-adecuada
Frente Parlamentario contra el Hambre: Capítulo México (2012). “Documentos básicos”. Disponible en: http://parlamentarioscontraelhambre.org/file/frentes/mex/mx_05.pdf