Antes de la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 la inseguridad alimentaria ya afectaba a una tercera parte de la población en América Latina (CELAC, 2020). En los primeros días de junio del 2020, el representante de la FAO para América Latina, Julio Berdegué, comentó que la crisis por SARS-COV2 puede provocar un retroceso en los logros de una década de lucha contra el hambre, sumando a 20 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria en la región (El País, 2020).
Inseguridad Alimentaria por género
Más de 1,900 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave en el 2019; es decir, 1 de cada cuatro personas en el mundo. Esta situación no es igual para hombres y mujeres, pues son ellas quienes enfrentan mayores retos.
La prevalencia de inseguridad alimentaria grave es de 10% en las mujeres mientras que en los hombres es de 8.3%; por su parte, la inseguridad alimentaria moderada es de 29.9% en mujeres y 24.8% en hombres (FAO et al., 2019). Y la crisis actual acentúa estas tendencias, debido a las medidas que se toman en muchos de los hogares al momento de decidir sobre la cantidad y calidad de los alimentos, pues afectan directamente a las mujeres y niñas. Esto tiene que ver con prácticas socioculturales en las que a los hombres se les da primero de comer o se les brinda la mejor comida (FAO, 2020).
Mujeres rurales y COVID-19
En el contexto rural, estas desigualdades se manifiestan con mayor fuerza en las mujeres. Son ellas quienes están en mayor riesgo de padecer inseguridad alimentaria, de caer en una situación de pobreza o profundizar la que se encuentran, particularmente cuando participan menos de empleos formales; de acceso a servicios de salud, oportunidades económicas y enfrentan violencia de género (FAO, 2020).
En México solo el 26% de las ejidatarias son mujeres. (El Universal, 2019); al mismo tiempo, se calcula que el 50% de los alimentos son producidos por mujeres, lo que muestra las muchas contradicciones en la materia (INMUJERES, 2019).
Sin acceso pleno al ejercicio de su derecho a la tierra, las mujeres rurales tienen mayores limitaciones que los hombres en el acceso a recursos, tecnologías, a mercados y financiamiento, lo que las aleja de sus derechos y de alcanzar su soberanía alimentaria. Y la pandemia de COVID-19 ha visibilizado aún más estas diferencias.
Otra población en situación de vulnerabilidad son las mujeres jornaleras. Diversos organismos internacionales y organizaciones sociales han señalado la necesidad de contar con sistemas de protección social, que garantice su seguridad física y económica. Durante la pandemia, por ser una actividad esencial, la producción de alimentos no fue detenida, pero sí fue realizada sin medidas de protección. Esto ha dado paso a brotes de COVID-19 en albergues donde se alojan hombres y mujeres jornaleras, quienes no cuentan con servicios ni la atención adecuada (SinEmbargo, 2020).
Las mujeres rurales y jornaleras viven, de manera cotidiana y normalizada, jornadas extendidas de trabajo, debido a la carga doméstica y de cuidados que no es con el resto de integrantes, condiciones informales de empleo y escasa autonomía económica. Esto se mezcla con la pobreza en la que viven la mayoría de los hogares rurales, la baja oferta de servicios en el hogar, servicios de salud y para el cuidado infantil limitados (Brito Bruno and Ivanovic Willumsen, 2019).
¿Qué se puede hacer al respecto?
La emergencia por COVID-19 abre la posibilidad de replantear la manera como está definido el pacto social. Desde THP-México nos paramos en la posibilidad de hacer visibles esas desigualdades estructurales, y plantear soluciones integrales, siempre basadas en la visión y liderazgo de las comunidades, comenzando por las mujeres.
Necesitamos abordar la inseguridad alimentaria con justicia de género y brindar las condiciones óptimas para que las mujeres puedan poner fin al hambre, pues son justamente ellas parte vital de la respuesta. Por ello, es necesario:
Asegurar que la justicia de género sea el frente y centro del desarrollo durante la respuesta y la recuperación ante la pandemia de COVID-19 para garantizar que ninguna mujer o niña se queden en desventaja por esta situación.
Apoyar la capacidad productiva de las mujeres rurales garantizando un acceso equitativo de los recursos (particularmente a poseer tierras), insumos, servicios, capacitaciones técnicas y a créditos.
Diseñar y vigilar intervenciones de protección social con perspectiva de género para que las mujeres puedan participar y beneficiarse de los programas.
Fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres, con un foco en las mujeres rurales y jornaleras, para contribuir a la respuesta ante la crisis por COVID-19.
Desde THP-México identificamos una oportunidad para visibilizar el papel de las mujeres en la garantía del derecho a la alimentación, reconocer las desigualdades y sobretodo, revertirlas. Necesitamos de un abordaje sistémico y estratégico para la respuesta, tanto de las autoridades como de la sociedad civil y otros actores de desarrollo, para lograr la protección y garantía de los derechos de las personas, acercándoles a su autosuficiencia.
Referencias:
Brito Bruno, C. and Ivanovic Willumsen, C. (2019) Mujeres Rurales, protección social y seguridad alimentaria en ALC, 2030 Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
CELAC (2020) ‘Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19’.
FAO et al. (2019) Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe.
FAO (2020) ‘Gendered impacts of COVID-19 and equitable policy responses in agriculture, food security, and nutrition’.
Toppenberg-Pejcic, D. et al. (2019) ‘COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication and community engagement’, Health Communication, 34(4), pp. 437–455.
* Con la colaboración de Alejandra González Moreno.
Antes de la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 la inseguridad alimentaria ya afectaba a una tercera parte de la población en América Latina (CELAC, 2020). En los primeros días de junio del 2020, el representante de la FAO para América Latina, Julio Berdegué, comentó que la crisis por SARS-COV2 puede provocar un retroceso en los logros de una década de lucha contra el hambre, sumando a 20 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria en la región (El País, 2020).
Inseguridad Alimentaria por género
Más de 1,900 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave en el 2019; es decir, 1 de cada cuatro personas en el mundo. Esta situación no es igual para hombres y mujeres, pues son ellas quienes enfrentan mayores retos.
La prevalencia de inseguridad alimentaria grave es de 10% en las mujeres mientras que en los hombres es de 8.3%; por su parte, la inseguridad alimentaria moderada es de 29.9% en mujeres y 24.8% en hombres (FAO et al., 2019). Y la crisis actual acentúa estas tendencias, debido a las medidas que se toman en muchos de los hogares al momento de decidir sobre la cantidad y calidad de los alimentos, pues afectan directamente a las mujeres y niñas. Esto tiene que ver con prácticas socioculturales en las que a los hombres se les da primero de comer o se les brinda la mejor comida (FAO, 2020).
Mujeres rurales y COVID-19
En el contexto rural, estas desigualdades se manifiestan con mayor fuerza en las mujeres. Son ellas quienes están en mayor riesgo de padecer inseguridad alimentaria, de caer en una situación de pobreza o profundizar la que se encuentran, particularmente cuando participan menos de empleos formales; de acceso a servicios de salud, oportunidades económicas y enfrentan violencia de género (FAO, 2020).
En México solo el 26% de las ejidatarias son mujeres. (El Universal, 2019); al mismo tiempo, se calcula que el 50% de los alimentos son producidos por mujeres, lo que muestra las muchas contradicciones en la materia (INMUJERES, 2019).
Sin acceso pleno al ejercicio de su derecho a la tierra, las mujeres rurales tienen mayores limitaciones que los hombres en el acceso a recursos, tecnologías, a mercados y financiamiento, lo que las aleja de sus derechos y de alcanzar su soberanía alimentaria. Y la pandemia de COVID-19 ha visibilizado aún más estas diferencias.
Otra población en situación de vulnerabilidad son las mujeres jornaleras. Diversos organismos internacionales y organizaciones sociales han señalado la necesidad de contar con sistemas de protección social, que garantice su seguridad física y económica. Durante la pandemia, por ser una actividad esencial, la producción de alimentos no fue detenida, pero sí fue realizada sin medidas de protección. Esto ha dado paso a brotes de COVID-19 en albergues donde se alojan hombres y mujeres jornaleras, quienes no cuentan con servicios ni la atención adecuada (SinEmbargo, 2020).
Las mujeres rurales y jornaleras viven, de manera cotidiana y normalizada, jornadas extendidas de trabajo, debido a la carga doméstica y de cuidados que no es con el resto de integrantes, condiciones informales de empleo y escasa autonomía económica. Esto se mezcla con la pobreza en la que viven la mayoría de los hogares rurales, la baja oferta de servicios en el hogar, servicios de salud y para el cuidado infantil limitados (Brito Bruno and Ivanovic Willumsen, 2019).
¿Qué se puede hacer al respecto?
La emergencia por COVID-19 abre la posibilidad de replantear la manera como está definido el pacto social. Desde THP-México nos paramos en la posibilidad de hacer visibles esas desigualdades estructurales, y plantear soluciones integrales, siempre basadas en la visión y liderazgo de las comunidades, comenzando por las mujeres.
Necesitamos abordar la inseguridad alimentaria con justicia de género y brindar las condiciones óptimas para que las mujeres puedan poner fin al hambre, pues son justamente ellas parte vital de la respuesta. Por ello, es necesario:
Desde THP-México identificamos una oportunidad para visibilizar el papel de las mujeres en la garantía del derecho a la alimentación, reconocer las desigualdades y sobretodo, revertirlas. Necesitamos de un abordaje sistémico y estratégico para la respuesta, tanto de las autoridades como de la sociedad civil y otros actores de desarrollo, para lograr la protección y garantía de los derechos de las personas, acercándoles a su autosuficiencia.
Referencias:
Brito Bruno, C. and Ivanovic Willumsen, C. (2019) Mujeres Rurales, protección social y seguridad alimentaria en ALC, 2030 Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
CELAC (2020) ‘Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19’.
FAO et al. (2019) Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe.
FAO (2020) ‘Gendered impacts of COVID-19 and equitable policy responses in agriculture, food security, and nutrition’.
Gamez, R. (2020) El trabajo no remunerado que realizan las mujeres mexicanas afecta la salud y economía. Disponible en: http://3ersector.mx/index.php/noticias-2018/86-inclusion-social/1849-reporte-senala-que-el-trabajo-no-remunerado-que-realizan-las-mujeres-mexicanas-afecta-la-salud-y-economia (3 June 2020).
Toppenberg-Pejcic, D. et al. (2019) ‘COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication and community engagement’, Health Communication, 34(4), pp. 437–455.
* Con la colaboración de Alejandra González Moreno.
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