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La pandemia ha puesto a flor de piel las profundas desigualdades, las brechas y las enormes deudas en el acceso a derechos imperantes en nuestras sociedades, poniendo reflectores y grandes alarmas en lo que parecía invisible para muchas y muchos. En México las consecuencias del COVID – 19 no distan mucho de cualquier otro país en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, donde los pueblos indígenas y afrodescendientes, son víctimas de las persistentes desigualdades estructurales. 

“Uno de cada cuatro habitantes de América Latina y el Caribe es indígena o afrodescendiente. Esta población constituye cerca de la mitad del total de la población rural de nuestra región (FAO, 2019).” _{(NodalAm, 2020).}

En THP-México trabajamos por romper las estructuras de poder y estructuras mentales que perpetúan las condiciones de pobreza y desigualdad de más de la mitad de la población de nuestro país. Hoy más que nunca estamos conscientes de las graves consecuencias que la pandemia acentuará en las poblaciones de alta y muy alta marginación y extrema pobreza, es por ello, que nuestro foco y esfuerzos  están  puestos en visibilizar, articular y co crear iniciativas Post – COVID. 

Hemos hecho un llamado urgente para la acción en comunidades rurales e indígenas por COVID-19, dónde se han sumado 48 organizaciones, con el objetivo de visibilizar las desigualdades estructurales, atender los efectos diferenciados y poner en  marcha de manera inmediata a nivel municipal y comunitario. 

Si aún no has firmado da click y únete a favor de las comunidades indígenas y rurales de México. 

Con la declaración de la fase 3 de la emergencia sanitaria, seguimos identificando acciones que nos preocupan y nos ocupan, hacia la definición de medidas sanitarias con especial énfasis en poblaciones rurales e indígenas.

Sabemos que los programas federales están en marcha, que se adelantaron pagos para adultos mayores, las becas Benito Juárez, apoyos para personas con discapacidad, madres solteras, entre otros, con lo que más de 20 millones de personas se verían atendidas. Si bien coincidimos en la necesidad de contar con transferencias directas, también nos preocupa lo que queda fuera de este espectro, así como las consecuencias no deseadas de ello.

Sumando a nuestro llamado previo, hacemos los siguientes señalamientos, para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de comunidades rurales e indígenas:

1. Derecho a la Salud.
   • Frente a la saturación de los servicios de salud, vemos con mayor claridad la necesidad de reconocer que comunidades y pueblos indígenas cuentan con saberes tradicionales en cuanto al cuidado de la salud integral y a la alimentación, entre otros. Un ejemplo muy claro es reconocer y potenciar el trabajo de partería tradicional, que podría contribuir a no saturar espacios en centros de salud, ni exponer a mujeres embarazadas a riesgos de contagio. 
   • Se requiere de atención específica para garantizar las condiciones del personal de salud en zonas rurales e indígenas. Acceso constante y suficiente a insumos y equipos de protección, al igual que información constante, que les permita compartir de manera adecuada a la población.
2. Derecho a la Alimentación.
   • Fortalecer las medidas de control de precios en alimentos en zonas rurales e indígenas. Este fenómeno está siendo constante en diferentes zonas rurales e indígenas, a pesar de que las autoridades federales han declarado que no existen razones para ello. Se requieren de mecanismos estatales y municipales para regular esta alza, particularmente en un momento en donde las familias han visto una reducción significantes en sus ingresos.
3. Derecho al agua.
   • Señalamos la necesidad de que a las comunidades rurales e indígenas se les garantice el derecho al agua potable, particularmente en estos momentos donde el lavado de manos constante, es fundamental para evitar la propagación masiva del COVID-19.
4. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
   • Las denuncias por violencia en contra de las mujeres durante la pandemia, van en aumento. Esta dinámica preocupa particularmente en comunidades rurales e indígenas, al no contar con suficiente  acceso a redes de apoyo. Por ello, señalamos la falta de mecanismos de prevención y atención de violencia en contra de las mujeres. 
5. Derecho a recibir información oportuna, veraz y en sus propias lenguas.
   • Es obligación de las autoridades combatir la desinformación, garantizando el acceso a la información de forma oportuna, veraz y objetiva sobre los avances de la pandemia, las medidas dictadas y la orientación en temas de salud. 

Para atender estas preocupaciones, necesitamos de fortalecer la coordinación entre los diferentes actores del desarrollo, desde el nivel local hasta el federal. Y desde THP-México buscamos detonar y facilitar diálogos que nos permitan comenzar, además, a trabajar sobre lo que tendrá que ocurrir posterior a esta emergencia sanitaria mundial

Conoce y súmate al llamado, que hoy compartimos con actores clave, porque las decisiones en momento de crisis y emergencia, requieren de la participación de todas y todos.