• El Plan Nacional de Desarrollo entregado a la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 30 de abril estaba formado por dos documentos: uno de 65 y otro de 225 cuartillas. La Mesa Directiva turnó el primero a las Comisiones Ordinarias para su análisis.
• El documento de 65 páginas no se apega a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en lo que respecta al proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo conforme al Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional ni en lo relativo a su contenido,
• El documento de 225 cuartillas es el que contiene los objetivos, estrategias, indicadores y programas construidos con la participación de la ciudadanía, y con las aportaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el marco de la planeación democrática del desarrollo.

El Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades, del cual THP-México forma parte, hace un señalamiento sobre la necesidad de que la Cámara de Diputadas y Diputados revise, comente y en su caso apruebe o devuelva, el documento original e íntegro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2019 que el Ejecutivo Federal entregó el pasado 30 de abril. En ese documento de 288 páginas se establecen objetivos, estrategias e indicadores construidos con la participación de diversos grupos sociales, pueblos y comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de investigación y docencia, empresas, personas legisladoras y servidoras públicas que formaron parte de los foros de participación y consulta en marzo de 2019, en el marco del sistema nacional de planeación democrática. Este documento, además, cuenta con las aportaciones y el consenso y aportaciones de la Administración Pública Federal.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados turnó a Comisiones Ordinarias únicamente la primera parte del documento original, que consta de 65 cuartillas, cuyo contenido es una introducción, una exposición de la situación actual y la descripción de principios y valores que regirán a la presente administración.

Los riesgos de la aprobación de la versión “corta”

El documento de 65 páginas que está siendo revisado para opinión de las Comisiones Ordinarias de la Cámara y que pretende publicarse el 27 de junio, no cumple con el proceso de elaboración previsto en la Constitución del país, ni en la Ley de Planeación ni en la Guía Técnica y Metodológica para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 emitida por la SHCP, al no considerar:

1. Las propuestas elaboradas y consensuadas por las dependencias y entidades de administración pública federal.
2. El resultado de los foros de participación y consulta que se realizaron en marzo de 2019, incumpliendo con lo establecido por el Sistemas de Planeación Democrática respecto a la participación ciudadana.
3. Los diagnósticos, objetivos, estrategias, indicadores, previsiones de gasto, estudios de factibilidad cultural ni tiempos de ejecución, lo cual imposibilita cualquier proceso de evaluación sobre el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del propio Plan.
4. Un enfoque de derechos humanos que conciba a las personas, grupos, pueblos y comunidades como sujetos titulares de derechos y agentes de su propio desarrollo. Por el contrario, utiliza términos como débiles, desvalidos, indefensos o desposeídos, por mencionar algunos

Bajo esta mirada, el riesgo central está en la violación al principio de legalidad y el derecho de los grupos, pueblos y comunidades indígenas, instituciones de investigación y docencia, entre otros, a participar en la planeación democrática del desarrollo.

Lo que queda fuera del Plan

La posible aprobación de la versión de 65 páginas deja fuera elementos clave de un proyecto de desarrollo centrado en la justicia, la equidad y la paz. De manera general, deja de lado el consenso construido por la Administración Pública Federal respecto de su actuación durante la presente administración. Deja fuera iniciativas enfocadas en poblaciones específicas, como aquellas que viven con discapacidad o la primera infancia; deja fuera temáticas particulares como el medio ambiente y el desarrollo sostenible; deja fuera temas como la prevención de riesgos. Además, se dejan fuera compromisos internacionales adquiridos por México en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De manera específica, el documento de 65 cuartillas deja fuera 5 objetivos y 28 estrategias que estaban explícitamente relacionadas con la participación ciudadana y comunitaria.

Para que un gobierno pueda mandar obedeciendo es imprescindible e impostergable que se cuente con un conjunto de mecanismos e instrumentos con los que se respete y garantice el derecho de las personas, grupos, pueblos y comunidades a involucrarse de manera significativa y efectiva en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos y en cada una de las etapas de la política pública.

Es imperante, además, conocer cuáles son los procesos de incorporación de insumos recogidos durante los Foros de Parlamento Abierto y los Foros Regionales que siguen llevándose a cabo en el país, para que sean sumados al Plan Nacional de Desarrollo en la versión aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, o en la adecuación que haga el Ejecutivo Federal, en caso que sea devuelto.Frente a este panorama, el Movimiento para el Desarrollo Liderado por las Comunidades lanzó un pronunciamiento el 6 de junio pasado, para hacer un llamado a las Diputadas y Diputados para que cumplan con lo establecido en la Constitución y en la Ley de Planeación y que revisen, comenten y, en su caso, aprueben o devuelvan el Plan Nacional de Desarrollo, garantizando que se cumpla con lo señalado en el marco normativo vigente.